El jueves, miembros de la comunidad de todo el condado de Garfield se reunieron en el centro Morgridge Commons de Glenwood Springs para escuchar al fiscal general de Colorado, Phil Weiser, abordar algunos de los desafíos más urgentes de la región de Western Slope.

Weiser, quien actualmente se encuentra en su segundo mandato como fiscal general, es uno de los candidatos que buscan la nominación del Partido Demócrata a gobernador de Colorado en las primarias demócratas de junio del 2026.

La visita del fiscal general a la región de la Vertiente Occidental marca la primera entrega de una serie de conferencias bilingües lanzada por CoWest Noticias Collaborative, una iniciativa conjunta de las redacciones locales del Valle de Roaring Fork para abordar la equidad informativa en la región.

Además de centrarse en el trato que la actual administración presidencial ha dado a la Constitución, el trauma entre los agentes del orden y la crisis de salud mental derivada del consumo de opioides y los peligros de las redes sociales, Weiser también aprovechó para responder a las preguntas del público sobre temas polémicos como la inmigración.

Entre las preocupaciones planteadas por los asistentes en el Condado de Garfield se encontraba la cuestión de las responsabilidades del fiscal general de Colorado cuando se descubre que las fuerzas del orden locales infringen la ley estatal, en concreto la que prohíbe a los alguaciles locales colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo detenciones migratorias.

La pregunta presumiblemente se refiere a la investigación en curso de la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa después de que una estudiante de 19 años de la Universidad de Utah fuera detenida por cortar el paso a un camión semirremolque y denunciada al ICE. Las imágenes de una cámara corporal muestran al agente que realizaba la parada de tráfico señalando el acento de la estudiante y preguntándole dónde nació.

“He anunciado que estoy investigando a la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa sobre este mismo asunto,” dijo Weiser. “Mi trabajo como fiscal general es hacer cumplir la ley y, por lo tanto, estamos investigando la situación.”

En cuanto al temor que experimentan las comunidades inmigrantes, Weiser afirmó apoyar un sistema de inmigración que “funcione bajo el estado de derecho, de manera sensata, y que trate a las personas como personas.’

“Quienes tienen una base válida para quedarse deben ser tratados de manera legal, sensata y humana. Quienes, por ejemplo, han cometido delitos violentos y son deportables, deben ser deportados tras el debido proceso legal,” declaró Weiser.

“Si se siguen algunos casos de personas deportadas a otros países sin el debido proceso legal, buscando impedirles cualquier defensa que tengan… eso es una violación de la Constitución, y no lo toleraremos,” añadió.

En cuanto a la postura del departamento ante la reciente solicitud del gobernador Jared Polis de información sobre los patrocinadores de niños inmigrantes indocumentados que serán entregados al ICE, Weiser indicó que su departamento no está involucrado en el caso y, por lo tanto, no puede hacer comentarios al respecto.

El Estado de derecho

Weiser comenzó su charla abordando el uso de órdenes ejecutivas por parte del presidente Trump para eludir el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de los Estados Unidos, e instando al Congreso a “cumplir con su deber.”

“El Congreso es una rama del gobierno con igualdad de poderes. Es fundamental que el Congreso cumpla con su deber y se asegure de que un presidente no pisotee la autoridad del Congreso,” declaró. “Hasta ahora, los fiscales generales estatales y los tribunales han estado haciendo cumplir la ley… Necesitamos que el Congreso también se esfuerce más en proteger la Constitución.”

Weiser argumentó que la administración Trump se ha extralimitado en su autoridad en varias ocasiones, incumpliendo el estado de derecho.

La decisión de la administración Trump de detener el programa AmeriCorps, ordenado por el Congreso, y la orden de su administración de desfinanciar la investigación destinada a investigar las disparidades en la atención médica, argumentó el fiscal general, son ilegales, ya que solo el Congreso tiene la facultad de derogar leyes aprobadas por ley. La fiscalía general se unió a una demanda multiestatal a principios de este año y, desde entonces, un juez ordenó que la mayoría de los programas de AmeriCorps se mantuvieran vigentes.

“Esto ha sucedido varias veces. Y cada vez que sucede, me duele que un gobierno federal ignore el estado de derecho,” dijo Weiser.

Abordando la crisis de salud mental del estado

Weiser rápidamente pasó a abordar la importancia de la concientización sobre la salud mental en las fuerzas del orden, recordando a un jefe de policía en Colorado que se había enfrentado a un caso traumático tras otro, desde presenciar un tiroteo con un agente involucrado hasta responder a llamadas por abuso infantil. El trauma del trabajo llevó al agente a usar fuerza excesiva en una situación inapropiada, lo que puso fin rápidamente a su carrera.

“La pregunta que me ha acosado desde entonces es: ‘¿Cómo nos permitimos fallarle a ese agente?’ dijo Weiser. Con demasiada frecuencia, a los oficiales, ante un trauma, se les dice: ‘Aguanta, no reconozcas la situación traumática.’

Weiser afirmó que su oficina está rediseñando la capacitación policial en Colorado para incorporar estrategias de concientización emocional y mayores oportunidades para conectar con la comunidad, lo cual, según él, puede ser “una de las maneras más importantes e impactantes de salvar vidas.”

“Lo importante es que los oficiales de policía que sienten esa conexión, que forman parte de una comunidad comprometida, también experimentan mayor satisfacción y compromiso con su trabajo,’ afirmó.

También está directamente relacionado con el trauma el impacto de la crisis de opioides en los habitantes de Colorado y la falta de apoyo disponible para quienes luchan contra la adicción. En particular, Weiser destacó su encuentro con un joven que, tras ser liberado de la cárcel, murió a causa de una dosis letal de fentanilo, ya que la cárcel no pudo proporcionarle ningún medicamento para combatir su adicción durante su condena.

“Lo que le dije (a su madre) es que nos aseguraríamos de que en nuestra oficina todas las cárceles de Colorado ofrecieran tratamiento para la adicción a los medicamentos,” concluyó Weiser. Así, les estamos dando a las personas la oportunidad de recuperarse y evitar caer en este círculo vicioso de adicción, sobredosis y conducta delictiva. Y me enorgullece decir que ahora todas las cárceles de Colorado tienen acceso a tratamiento para la adicción a medicamentos.

Weiser afirmó que la labor de su oficina contra las compañías farmacéuticas que impulsaron esta crisis ha generado cerca de $900 millones para Colorado.

Además del consumo de opioides, Weiser señaló que los jóvenes están experimentando una “crisis de conexión,” impulsada principalmente por las seis horas que pasan en sus teléfonos. Parte del contenido que se consume en las redes sociales puede ser especialmente perjudicial para quienes ya se sienten aislados y ha contribuido al aumento de suicidios en todo el país.

Weiser afirmó que su demanda multiestatal contra Meta, la empresa matriz de plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook, busca cambiar el funcionamiento de la empresa y mejorar sus directrices para proteger a los niños en sus aplicaciones. Weiser también ha apoyado una legislación bipartidista que exige a las escuelas adoptar políticas sobre el uso de teléfonos celulares en el aula.

“Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad—lo opuesto a la adicción es la conexión,” dijo Weiser. “Y los jóvenes que sufren por pasar seis horas al día con el teléfono están recurriendo a sustancias como los cigarrillos electrónicos y los opioides. Necesitan conexión.”