El jueves funcionarios de Glenwood Springs informaron al ayuntamiento sobre los límites legales, las preocupaciones de seguridad pública y las limitaciones de recursos que determinan la respuesta de la ciudad a la falta de vivienda y la conducta pública relacionada.

La presentación, a cargo del Jefe de Seguridad Pública, Joseph Deras, el Subjefe de Policía, John Hassell, y el Fiscal Municipal, Karl Hanlon, se centró en cómo el derecho constitucional, los procedimientos judiciales municipales y los desafíos prácticos de cumplimiento afectan la capacidad de acción de la ciudad.

“No podemos aplicar la ley con base en la situación de una persona—ya sea que tenga vivienda o no. Ese es el punto de partida. Aplicamos la ley con base en la conducta,” declaró Hanlon.

Hanlon explicó que la intrusión en propiedad pública solo aplica si el acceso está restringido a todos. De igual manera, la intoxicación pública no constituye una infracción a menos que una persona sea considerada un peligro para sí misma o para los demás. Si alguien recibe una multa pero no puede pagarla, los tribunales municipales deben buscar alternativas a la cárcel.

“En Colorado no tenemos prisiones para deudores,” afirmó Hanlon. “Y si la cárcel es siquiera una posibilidad en un caso municipal y la persona es indigente, estamos obligados a brindarle asesoría legal.”

Hassell dijo que los oficiales de Glenwood Springs respondieron a aproximadamente 25,000 llamadas de servicio el año pasado. De ellas, entre 400 y 600 involucraban a personas sin hogar, lo que representa menos del 3% del total de llamadas.

“Ese es un porcentaje relativamente pequeño,” dijo. “No es que la mitad de nuestras llamadas sean por personas sin hogar. Eso simplemente no es cierto. Pero son visibles y ocurren en zonas donde la comunidad suele ser más consciente.”

Añadió que los oficiales se encuentran con mayor frecuencia con infracciones como alteración del orden público, acampada ilegal, intoxicación pública, tirar basura e intrusión en propiedad privada.

“Ha habido eventos en el centro donde podemos emitir una citación, pero la comunidad se molesta porque no los llevamos a la cárcel,” dijo Hassell. “Pero no tenemos esa opción en ese momento. Más adelante, cuando el comportamiento se intensifica, podemos presentar los cargos.”

Hanlon agregó que la ciudad ha tenido varias conversaciones con el Sheriff del Condado de Garfield sobre el acceso a la cárcel.

“Generalmente, si encarcelamos a alguien, es para romper un ciclo o una situación que se desarrolla en tiempo real,” dijo Hassell. “Pero son liberados en 48 horas, ya sea con una citación o una fianza (de responsabilidad personal).”

Hanlon explicó que la autoridad de la ciudad es aún más limitada fuera de sus límites.

“Si estás fuera de nuestra jurisdicción y te encuentras en terrenos públicos de la Oficina de Administración de Tierras (BLM, por sus siglas en inglés), BLM tiene una política de 14 días, y luego simplemente te mudas. Así que trasladamos un campamento y surge otro en otro lugar. Es absolutamente preocupante—especialmente durante esta temporada de incendios.”

La ciudad actualmente presupuesta alrededor de $100,000 al año para limpieza y remoción, pero prevé superar esa cantidad.

“Estas limpiezas son costosas,” dijo Hanlon. “Encontramos colchones sucios, desechos humanos, parafernalia de drogas. Básicamente, hay que enviar una cuadrilla para materiales peligrosos.”

Explicó que los artículos retirados de los campamentos generalmente no se almacenan debido a la contaminación y el abandono.

“Lo que queda allí no se puede usar. Termina en el vertedero. Si está sucio, va al vertedero.”

Hassell y Deras enfatizaron que la mayoría de las personas contactadas por la policía rechazan el refugio o la asistencia.

“Contamos con recursos—vales de hotel, colaboraciones con LiftUp y grupos religiosos,” dijo Hassell. “Pero una gran mayoría de la gente, probablemente el 90%, está eligiendo este estilo de vida. Nos dicen: ‘Ya eso lo hice. Déjenme en paz.'”

Hanlon hizo referencia al caso “Ciudad de Grants Pass, Oregón contra Johnson,” del Noveno Circuito, que restringió la aplicación de la ley sobre campamentos cuando no había refugio disponible. Esa decisión fue revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el 2024.

“No nos dieron muchas directrices nuevas,” dijo Hanlon. “Pero sí dijeron que, siempre que regulemos la conducta—y no el estatus—no es necesariamente inconstitucional.”

Añadió que algunas ciudades de Colorado, como Aurora, están realizando redadas sin previo aviso.

“Eso va a ser cuestionado. Siempre detesto ser el ejemplo de una nueva ley en Colorado.”

Hassell invitó a los miembros del consejo a unirse a los agentes en el terreno para ver el problema de primera mano.

“No lo entenderán hasta que lo vean,” dijo. “Hemos recorrido las vías y encontrado seis campamentos, dos de ellos enormes—probablemente costaría miles de dólares limpiarlos.”

El concejal Mitchell Weimer expresó su preocupación por la acumulación de contenedores de propano cerca de los campamentos.

“Creo que valdría la pena considerar la posibilidad de gravar con impuestos esos contenedores de propano,” dijo. Son un peligro de incendio y están por todas partes.

También compartió un cambio de perspectiva personal.

Cociné en Extended Table durante dos años y medio. Pero lo dejé. Sentía que era parte del problema. Eran las mismas personas todas las noches. No me había apuntado a eso.

La concejal Erin Zalinski, quien dirigía un negocio en el centro, dijo que el problema era menos una cuestión de presencia que de seguridad.

“Tenía un bar en el centro, y mi negocio está junto a la biblioteca, donde la mayoría de la gente suele pasar el rato,” dijo. “Eso no me molesta. Lo que me molesta es cuando se vuelve inseguro o insalubre.”

El concejal Steve Smith afirmó que los problemas actuales podrían afectar la base económica de la ciudad.

“Podemos embellecer los callejones y limpiar alrededor de los contenedores de basura, pero si permitimos que continúen las conductas sociales inaceptables, nuestro turismo va a disminuir. Y de eso dependemos.”

El consejo ordenó al personal que redactara una ordenanza que prohibiera el consumo de alcohol en el Parque Centennial sin un permiso para eventos especiales. Aunque también se permite beber alcohol al aire libre en el Parque Two Rivers, no se propusieron cambios para ese lugar.

“El Parque Centennial solía ser un lugar donde se podía disfrutar de un picnic con la familia después de comer algo,” declaró Zalinski al Post Independent. “Ahora hay tanto conflicto allí—no es algo que se vea habitualmente en el Parque Two Rivers.”

El alcalde Marco Dehm solicitó al personal que estimara el costo de dedicar dos oficiales a tiempo completo a la vigilancia policial relacionada con la conducta y la respuesta a campamentos.

“Me gustaría ver una propuesta,” dijo Dehm. “Necesitamos saber cuánto costaría y cómo la financiaríamos.”

Hanlon afirmó que el problema no es nuevo en Glenwood Springs y que probablemente no desaparecerá, pero el personal municipal está haciendo todo lo posible para gestionarlo con las herramientas legales y financieras a su disposición.

“Estamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos,” dijo, “pero los recursos y los límites legales siempre determinarán hasta dónde podemos llegar.”