Un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en la Vertiente Occidental insta al fiscal general de Colorado a investigar la comunicación y la posible colaboración entre los funcionarios locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que podrían violar las leyes estatales.

El presidente y director ejecutivo de Voces Unidas, Alex Sánchez, presentó dos denuncias el 14 de agosto ante la oficina del fiscal general Phil Weiser por incidentes que involucraron a la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield y a la Fiscalía del 14avo. Distrito Judicial, que abarca los condados de Routt, Moffat y Grand.

Voces Unidas compartió ambas denuncias con el Post Independent.

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Sánchez afirmó que los incidentes, que involucraron cierta comunicación entre dichas oficinas y ICE, generaron preocupación debido a las leyes estatales que restringen el intercambio de información y la coordinación con los funcionarios federales de inmigración.

“Nuestra organización ha estado escuchando a miembros de la comunidad de la Vertiente Occidental, en particular, sobre la desconfianza que tienen hacia nuestros gobiernos locales,” declaró Sánchez en una entrevista. 

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En los últimos años, los legisladores de Colorado han tomado medidas para limitar el alcance de ICE en las comunidades locales, comenzando con una importante ley del 2019 que prohíbe a las fuerzas del orden cumplir con las órdenes de detención del ICE, que consisten en una solicitud de la agencia federal para retener a una persona en prisión después de su fecha de liberación para que pueda ser puesta bajo custodia federal.

Esta ley también impide que las fuerzas del orden compartan información migratoria sobre una persona con el ICE y prohíbe que las autoridades locales arresten a alguien únicamente por su estatus migratorio.

Otras leyes aprobadas en el 2021 y el 2025 impiden que las agencias estatales, los poderes judicial y legislativo, así como los gobiernos locales, compartan la información personal de una persona con el ICE, a menos que sea para una investigación penal federal en la que un juez haya emitido una orden judicial. La ley del 2025, el Proyecto de Ley del Senado 276, también impone una multa de $50,000 por infracción.

La actividad de ICE ha sido una prioridad para los defensores a medida que el gobierno federal expande las operaciones de control migratorio en todo el país, incluyendo los pueblos de las montañas de Colorado. Según informes, ICE también planea duplicar sus espacios de detención este año con nuevas instalaciones, incluyendo tres previstas en Colorado, según reportajes de The Washington Post.

Sánchez afirmó que es importante que la comunidad inmigrante no considere a las agencias estatales y locales como una extensión de ICE, ya que teme que esto tenga un efecto disuasorio en la participación de las personas con las fuerzas del orden. Añadió que a su organización no le interesan los cargos penales de una persona, sino que se respeten las leyes estatales y el debido proceso.

“Lo que a Voces Unidas le interesa es garantizar que no se erosione la confianza pública entre la comunidad, nuestros municipios y departamentos de policía locales,” declaró.

Tanto el sheriff del Condado de Garfield como el fiscal de distrito del 14avo. Distrito Judicial afirman haber cumplido con las leyes estatales y niegan cualquier irregularidad.

Al ser contactado para obtener comentarios, el Sheriff del Condado de Garfield, Lou Vallario, dijo que desconocía la denuncia presentada contra su oficina, mientras que el fiscal de distrito, Matt Karzen, se enteró de las acusaciones contra su oficina por una publicación que Voces Unidas incluyó en su sitio web la semana pasada. El grupo también publicó información sobre el incidente del condado de Garfield.

Lawrence Pacheco, portavoz de la oficina de Weiser, no hizo comentarios sobre las denuncias.

Hombre detenido por ICE en la entrada de la cárcel de Garfield

La denuncia presentada contra la oficina de Vallario se centra en un hombre que fue arrestado y encarcelado en el condado de Garfield el 8 de agosto y puesto en libertad ese mismo día bajo custodia de ICE.

Sánchez indicó que Voces Unidas habló con la familia del hombre después de su detención por ICE, y la organización llamó a la cárcel de Glenwood Springs para confirmar lo sucedido. Según la denuncia, un agente del sheriff les informó que el hombre había salido bajo fianza y fue puesto bajo custodia de ICE en la entrada de la cárcel, que se utiliza para entradas y salidas seguras.

Sánchez indicó que el incidente “pareció el traslado de un recluso,” lo que despertó la sospecha de Voces Unidas de que se podría haber violado las restricciones a la colaboración con ICE. Dijo que al hombre se le debería haber permitido salir de la cárcel, y que después ICE podría haberlo detenido.

“No se le permitió la libertad que merecía porque ya había salido bajo fianza,” dijo Sánchez. “No era como si ICE estuviera al otro lado de la calle y este fuera un encuentro casual.”

Vallario dijo que el hombre fue acusado de resistirse al arresto, violación de una orden de protección, conducir sin licencia, placas falsas, contenedores abiertos de alcohol y marihuana, y conducir sin luces traseras. Añadió que no tiene conocimiento de ningún cargo penal federal contra el hombre.

Vallario confirmó en una entrevista telefónica que ICE detuvo al hombre en la puerta de entrada de la cárcel y dijo que “no tengo conocimiento de nada que nos prohíba realizar ese traslado” en esa zona.

La SB 276 exige que edificios públicos como escuelas, bibliotecas y guarderías desarrollen políticas para permitir el acceso de ICE a espacios no públicos. Sin embargo, no impide que los agentes de inmigración operen en secciones privadas de edificios gubernamentales, como cárceles, si se les otorga permiso.

Es una práctica común que las fuerzas del orden informen a ICE cuando un recluso va a ser liberado de la cárcel, agregó Vallario. Añadió que su oficina no detiene a personas para ICE ni comparte información sobre su estatus migratorio, lo cual constituiría una violación de la ley estatal.

“Una vez liberados, ICE decide si quiere venir a recogerlos y retenerlos,” dijo Vallario. “En este caso particular, parece que lo hicieron.”

Violeta Chapin, profesora de derecho migratorio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado en Boulder, explicó que los agentes del orden pueden comunicarse con ICE sobre la liberación de un recluso bajo la ley estatal.

Añadió que ICE también puede realizar operativos bajo órdenes administrativas, firmadas por funcionarios de inmigración, no por un juez. “Los funcionarios de inmigración pueden ejecutar órdenes administrativas en lugares públicos o, si se les permite entrar (en espacios no públicos),” dijo Chapin, quien tiene experiencia en la asistencia legal a inmigrantes como directora de la clínica de defensa migratoria pro bono de la universidad.

Chapin añadió, sin embargo, que incluso si una agencia como la oficina del sheriff cumple con la ley, sus acciones pueden generar en la comunidad la percepción de que está ayudando a ICE con las detenciones.

“Eso tendrá consecuencias en la percepción que la comunidad tiene de las fuerzas del orden locales,” dijo Chapin.

Vallario ha expresado su frustración con las leyes de inmigración del estado y, a principios de este año, escribió una columna explicando lo que su oficina puede y no puede hacer según las leyes estatales.

El condado de Garfield también ha rechazado las afirmaciones de ser una comunidad “santuario.” El año pasado, los comisionados aprobaron una resolución rechazando el término, la cual fue condenada por líderes locales de inmigración, quienes calificaron el lenguaje de la resolución de “divisivo.”

La resolución afirmaba que las personas que ingresan al país ilegalmente pueden representar un “riesgo significativo para la salud y la seguridad pública,” vinculándolas con el aumento de la delincuencia, las enfermedades y la demanda de infraestructura y servicios públicos.

El Fiscal de Steamboat discutió la posibilidad de una “detención” contra el acusado en el tribunal

La otra queja de Sánchez es contra la Fiscalía del 14avo. Distrito Judicial, que había recibido información de ICE sobre la posible detención de un acusado en un tribunal de distrito, información que posteriormente se discutió en una audiencia judicial el mes pasado.

Las transcripciones judiciales muestran que, durante una audiencia de fianza celebrada el 31 de julio en Steamboat Springs, el fiscal adjunto Joseph Bucci informó a la jueza Erin Wilson que “había recibido información del gobierno federal de que ICE había presentado una orden de detención contra este acusado.”

La acusada en el caso de Steamboat Springs, una mujer, fue arrestada por robo y robo de identidad (delito grave). Fue arrestada junto con un hombre que enfrenta los mismos cargos y también cargos por robo de identidad (delito grave) en el condado de Adams, según la fiscalía.

Todos estos son cargos estatales, y la fiscalía afirmó no tener conocimiento de cargos ni órdenes de arresto federales.

Sánchez afirmó que compartir información con funcionarios federales de inmigración solo está permitido durante las investigaciones penales federales y cuestionó por qué la fiscalía se comunicaría con ICE para obtener información sobre una orden de detención y por qué se discutiría durante una audiencia de fianza sobre cargos estatales.

Añadió que una orden de detención—una solicitud de ICE para que las autoridades locales detengan a alguien—no debería ser relevante, ya que las autoridades de Colorado no pueden cumplirla.

“Reiteramos, necesitamos que el público confíe en los fiscales locales. Necesitamos que el público pueda denunciar delitos. Necesitamos que el público quiera acudir a los tribunales,” dijo Sánchez. “Necesitamos que el sistema funcione y que funcione para todos.”

Karzen, el fiscal de distrito, explicó que preguntar a ICE si se ha presentado una orden de detención contra un acusado no es lo mismo que compartir información relacionada con la inmigración con el ICE. Aseguró que esta práctica se ajusta a la ley estatal y es necesaria para que su oficina pueda realizar su trabajo.

Karzen se enteró de las acusaciones de Voces Unidas después de que un comisionado del condado se pusiera en contacto con su oficina para preguntar sobre la publicación en el sitio web del grupo de defensa.

Al ser contactado por correo electrónico para obtener comentarios, Karzen compartió un correo electrónico del 13 de agosto que envió a la fiscal del condado de Routt, Lynaia South, en el que explicaba el proceso para contactar al ICE sobre las detenciones.

Karzen afirmó que su oficina ha recibido periódicamente casos en los que el acusado tiene antecedentes penales que indican que ha sido deportado del país previamente por ICE.

“Con el aumento de la aplicación de la ley migratoria, empezamos a ver casos en los que ICE detuvo a la persona sin que nosotros lo supiéramos,” lo que significa que la persona no comparecería ante el tribunal, escribió Karzen.

Karzen indicó que su oficina ha comenzado a preguntar al ICE, cuando los acusados están bajo su custodia, si creen que alguien pudo haber sido detenido o deportado en el pasado, como consta en sus antecedentes penales. Si alguien está detenido por el ICE, Karzen indicó que su oficina necesita saberlo para poder hacer los ajustes necesarios, como obtener una comparecencia judicial en video del acusado en una instalación del ICE.

En el caso de Steamboat Springs, Karzen afirmó que ambos acusados contaban con documentos que los identificaban como detenidos o deportados previamente, y que el fiscal adjunto necesitaba saber si ICE tenía la intención de detenerlos o deportarlos para poder tomar decisiones sobre fianzas, un acuerdo de declaración de culpabilidad y sentencia, o cualquier interacción con las víctimas requerida por la Ley de Derechos de las Víctimas. También afirmó que esto es importante para la programación de audiencias judiciales y la gestión de casos.

Karzen explicó que preguntar al ICE sobre el estado de detención de un acusado es el alcance de las interacciones de su oficina con la agencia federal. Añadió que su oficina solicita información, no se la proporciona al ICE.

Chapin, profesora de derecho de la CU, argumentó que discutir la orden de detención de alguien en un tribunal estatal es irrelevante para sus procedimientos penales. Sin embargo, afirmó que los fiscales no tienen prohibido tener o compartir esa información en el tribunal. 

En respuesta por correo electrónico a preguntas del Post Independent, Karzen calificó la queja de Voces Unidas contra su oficina de “profundamente decepcionante,” afirmando que el grupo nunca se comunicó con su oficina “para solicitar comentarios, expresar sus preocupaciones o solicitar una explicación.”

“Voces Unidas parece ser un importante vehículo de defensa en la Vertiente Occidental, en una zona donde dicha defensa quizás nunca ha sido tan importante,” declaró Karzen, “y, sin embargo, su falta de diligencia debida y su aparente apatía con respecto a la verdad completa sobre estos asuntos es precisamente el tipo de cosas que pueden destruir la credibilidad.”

Surgen batallas legales

Sánchez afirmó que Voces Unidas envió ambas quejas a la fiscalía general “para que puedan revisar los hechos, conversar y luego determinar si hubo comportamiento inapropiado o no.”

Sánchez indicó que la promulgación de SB 276 a principios de este año proporciona a los grupos locales una herramienta importante para la rendición de cuentas, ya que conlleva, por primera vez, multas por infracciones.

No está claro si la fiscalía general actuará sobre las quejas. Pacheco, el portavoz, se negó a decir cuántas quejas recibió la oficina luego de la promulgación de SB 276.

Sin embargo, la ley ya ha desencadenado varias batallas legales, incluyendo una demanda presentada el 22 de julio por la oficina de Weiser contra un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Mesa que presuntamente compartió información con funcionarios federales de inmigración, lo que condujo al arresto de un estudiante universitario de Utah con una visa vencida.

Posteriormente, el Condado de Mesa presentó una contrademanda, alegando que la ley estatal es demasiado vaga.

El 4 de junio, Scott Moss, director de la División de Normas Laborales y Estadísticas de Colorado, presentó otra demanda contra el gobernador Jared Polis. Moss alega que Polis intentó obligar a su departamento a proporcionar información al ICE sobre 35 patrocinadores adultos, aprobados por el estado, que albergaban a menores inmigrantes no acompañados.

Moss afirmó que la solicitud del ICE no estaba respaldada por una orden judicial y que cumplirla violaría las leyes estatales sobre intercambio de información.