El Concejo Municipal de Glenwood Springs votó 6-1 el jueves a favor de emprender acciones legales contra el propietario de la propiedad en Midland Avenue que alberga una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), con el objetivo de impedir que el edificio se siga usando para retener o detener temporalmente a personas.

El concejo instruyó al abogado municipal Karl Hanlon a preparar una acción legal de cumplimiento, sanciones y medidas cautelares contra JG Housing Solutions LLC, dueño de la propiedad ubicada en 100 Midland Ave., incluidas las unidades 110 y 210, por presuntas infracciones al código de zonificación y uso de suelo. La ciudad planea inicialmente llevar el caso a un tribunal estatal, en lugar de demandar directamente a ICE o a la Administración de Servicios Generales de E.U. (GSA, por sus siglas en inglés).

JG Housing Solutions LLC no respondió a una solicitud de comentarios del Post Independent.

El concejal Ray Schmahl fue el único miembro del concejo que votó en contra de la moción.

La decisión llega después de que la ciudad confirmara que ICE continuó utilizando la propiedad como instalación de retención temporal, aun después de que la Comisión de Planificación y Zonificación de Glenwood Springs revocara su permiso de uso especial a principios de este año.

El personal médico de emergencia respondió a la instalación el 24 de julio por una llamada médica, y la información de esa respuesta confirmó que se estaba reteniendo a personas en el lugar, dijo Hanlon.

“Eso, en mi opinión, me dio una base factual para decir que se trata de una reclamación madura que podría presentarles nuevamente para actuar sobre la infracción de zonificación,” dijo Hanlon.

Hanlon indicó que la respuesta del 24 de julio le dio a la ciudad evidencia que podría usar en un tribunal para demostrar que la propiedad se seguía utilizando de una manera que ya no está permitida bajo la zonificación municipal.

La Comisión de Planificación y Zonificación votó 5-1 el 28 de abril a favor de revocar un permiso de uso especial emitido en el 2003 que permitía a ICE operar una instalación de retención temporal en la propiedad.

El permiso limitaba las retenciones a 12 horas. La comisión lo revocó tras revisar evidencia que mostraba que, en múltiples ocasiones, se había retenido a personas más allá de ese límite.

Ni ICE, ni el dueño de la propiedad, ni la Administración de Servicios Generales apelaron la decisión, la cual se hizo definitiva alrededor del 4 de junio. Bajo el código de zonificación vigente de la ciudad, una instalación de retención o detención temporal no es un uso permitido en esa propiedad.

El tema atrajo a una gran multitud el jueves, que llenó la sala del Concejo Municipal y una segunda sala dentro del Ayuntamiento utilizada como espacio adicional. Muchos de los presentes instaron al concejo a hacer cumplir la decisión de la Comisión de Planificación y Zonificación y a tomar medidas contra el dueño del inmueble.

La revocación no impide que ICE continúe utilizando la propiedad para otros fines permitidos bajo el código de zonificación, incluyendo espacio de oficinas o de logística.

En cambio, la ciudad buscaría medidas cautelares preliminares y permanentes que impidan al propietario permitir que el sitio se use para retener o detener personas.

Hanlon recomendó actuar contra el dueño de la propiedad en lugar de nombrar directamente a ICE o a la Administración de Servicios Generales, ya que, según explicó, esto le da a la ciudad la mejor oportunidad de mantener el caso en un tribunal estatal.

Aun así, advirtió que la ciudad enfrenta una batalla legal difícil.

Al pedírsele que estimara las probabilidades de la ciudad de obtener una medida cautelar, Hanlon dijo que eran probablemente inferiores al 25%.

El principal obstáculo sería probablemente la cláusula de supremacía de la Constitución de E.U. El dueño del inmueble podría argumentar que la aplicación de la zonificación local interfiere con una función esencial del gobierno federal.

Hanlon dijo que la ciudad argumentaría que prohibir a ICE retener personas en la ubicación de Glenwood Springs no impediría que la agencia haga cumplir la ley de inmigración.

“Si yo fuera el gobierno federal, argumentaría que es el cumplimiento de la inmigración en términos generales lo que estamos obstaculizando,” dijo Hanlon. “Creo que mi postura sería que ustedes no usan tanto esta instalación. Tienen muchas otras opciones, y nadie está diciendo que no puedan hacer cumplir la ley. Estamos diciendo que no pueden violar nuestro código de zonificación reteniendo personas ahí.”

El posible costo del caso también se convirtió en un tema central de la discusión del concejo.

Hanlon estimó que la ciudad podría gastar alrededor de $50,000 para llegar a una audiencia de medida cautelar preliminar o para superar una moción inicial de desestimación en un tribunal estatal. Un caso en tribunal estatal llevado hasta juicio podría costar entre $250,000 y $300,000 y tomar de 18 a 24 meses.

Un caso federal podría costar alrededor de $100,000 en sus etapas iniciales y aproximadamente $500,000 hasta el juicio, con un juicio que podría estar a tres años de distancia.

Si la ciudad no obtiene una medida cautelar preliminar, la propiedad podría seguir utilizándose como instalación de retención mientras el caso avanza.

Hanlon también dijo que los abogados de la contraparte podrían buscar sanciones bajo la Regla 11 si argumentan que la demanda de la ciudad es frívola o infundada. Otro bufete de abogados ha revisado el asunto, y Hanlon dijo que la ciudad cree que tiene una base de buena fe para presentar el caso.

Los miembros del concejo coincidieron en general en que la ciudad debería hacer cumplir su código de uso de suelo, pero expresaron preocupación por cuánto dinero y tiempo se debería invertir en el caso.

Schmahl, quien votó en contra de la moción, se centró en el riesgo financiero.

“Mi definición de liderazgo local valiente es no desperdiciar el dinero de los contribuyentes,” dijo Schmahl. “Me han dicho una y otra vez que esto es un desperdicio de dinero.”

El concejal David Townsley también expresó preocupación por el costo de una batalla legal prolongada, pero dijo que la ciudad no debería sentar un precedente de ignorar las infracciones a su código de uso de suelo.

La alcaldesa pro tempore Erin Zalinski dijo que la ciudad había escuchado meses de frustración por parte de los residentes que creían que las autoridades no estaban actuando con suficiente rapidez, pero señaló que la ciudad necesitaba evidencia que pudiera defender en un tribunal antes de tomar medidas.

“Tuvimos que esperar hasta tener algo tangible, procesable y defendible,” dijo Zalinski.

Quienes participaron en los comentarios públicos instaron abrumadoramente a la ciudad a avanzar con la aplicación de la normativa. Varios alentaron específicamente al concejo a perseguir al propietario privado en un tribunal estatal en lugar de demandar directamente a las agencias federales.

La residente de Glenwood Springs Ashley Stahl presentó ese argumento durante los comentarios públicos.

“No lleven esto a un tribunal federal,” dijo Stahl. “No nombren a la GSA ni a ICE. La infracción frente a ustedes es simple. Un propietario privado está arrendando espacio para un uso que nuestro código simplemente no permite.”

Hanlon dijo que la ciudad también podría emprender un caso separado en el tribunal municipal por la infracción del 24 de julio, donde el código municipal permite multas de hasta $1,000 por día. Sin embargo, demostrar infracciones diarias continuas requeriría que la ciudad probara cuándo se estaba reteniendo realmente a personas dentro de la instalación.

Dijo que buscar una medida cautelar en un tribunal estatal ofrece un camino más directo para detener por completo ese uso.

La moción se aprobó 6-1, con Schmahl votando en contra.